Partiendo de ambas premisas, que suponen tanto un mandato como un título competencial, la presente Ley determina qué archivos y documentos deben o pueden ser objeto de especial protección, ya sean de titularidad pública o privada, y formula los derechos y deberes de aquéllos que sean sus propietarios o poseedores, compaginando el derecho de propiedad privada reconocido en la Constitución con las exigencias del interés general en orden a la conservación, defensa, acceso y difusión de los mismos.