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disposiciones consolidadas:
BOE-A-1995-12102
Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias
Estado:
VIGENTE
Fecha de Publicación:
1995/05/23
Rango:
Ley
Departamento:
Comunidad Autónoma de Canarias
Origen:
Autonómico
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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Boletín Oficial del Estado

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Comunidad Autónoma de Canarias

Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.
1
La competencia exclusiva sobre la promoción y la ordenación del turismo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias nos viene dada por nuestro Estatuto de Autonomía, que en su artículo 29.14, hace efectiva la previsión de artículo 148.1.18.ª de la Constitución Española de 1978.
Tal competencia incluye la potestad legislativa en la materia, lo cual unido a su carácter exclusivo, ha permitido aprobar la presente Ley, en la que se ha acometido por vez primera una regulación general del sector, abarcando todos sus aspectos.
La Ley pretende regular en el ejercicio de tal competencia, la ordenación y promoción del sector turístico como elemento económico estratégico en el Archipiélago Canario, contemplando los siguientes objetivos:
La ordenación y el fomento del sector turístico empresarial tanto desde el punto de vista de la actividad, como de los establecimientos donde se desarrolle la misma.
La regulación de la oferta turística, concibiendo Canarias como una unidad de destino turístico.
La conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos turísticos de Canarias, con especial atención al medio ambiente, el paisaje y la cultura autóctonos.
La ordenación de las infraestructuras territoriales y urbanísticas y la delimitación de las competencias turísticas de las Administraciones públicas Canarias.
La garantía y protección del «status» jurídico del usuario turístico, anudando con ella una regulación exhaustiva y rigurosa del régimen sancionador en materia turística.
2
Siendo la ley multidisciplinar, puesto que teniendo como denominador común la ordenación del turismo en Canarias, regula también los aspectos empresariales, profesionales, urbanísticos, medio ambientales, de fomento y sancionadores, sin perjuicio de las competencias que al Estado reserva la Constitución, resulta evidente que su contenido alcance a todos los sectores relacionados con el turismo, bien directa, bien colateralmente. En su consecuencia, la Ley es especialmente aplicable a:
a) Los turistas, a los que la Ley denomina usuarios turísticos, puesto que esta expresión es más amplia que la primera, ya que en el acervo popular por turista se entiende de manera fundamental al extranjero que visita nuestras islas, siendo así que también los nacionales en general, e incluso los canarios en particular, son demandantes y receptores de los servicios turísticos.
La Ley contempla un amplio abanico de derechos del usuario turístico, alguno de ellos hasta hoy no regulados, como son: a la información veraz; a la calidad de los servicios; a la seguridad, intimidad y tranquilidad y a formular quejas y reclamaciones.
b) Las empresas turísticas y sus establecimientos, de los que la Ley regula los siguientes aspectos:
Su tipología, dando entrada por primera vez a empresas y actividades de ocio y esparcimiento hasta hoy no contempladas.
Sus obligaciones para con el usuario.
Los requisitos para el ejercicio de la actividad, de entre los que destaca por su novedad y trascendencia, la obligatoriedad de la inscripción previa, en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, instrumento público creado «ex novo» por la Ley.
El régimen jurídico por sectores de actividad, en el que resalta, para los establecimientos alojativos, el control de la sobrecontratación; el principio de unidad de explotación, igualmente novedad de la Ley, y la regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido (expresión que sustituye al anglicismo «time-sharing»).
c) Los profesionales turísticos, regulándose la necesidad de su cualificación y habilitación, previéndose la potenciación de los hoteles-escuela, la formación profesional y la escuela oficial y estudios superiores de turismo. Todo ello en aras a conseguir la mejor capacitación de los profesionales del sector que indudablemente habrá de redundar en la mejora de la calidad de los servicios que presten.
d) Las Administraciones públicas de Canarias. Siendo el turismo desde su vertiente pública una competencia en la que necesariamente deben estar implicadas todas las Administraciones Públicas de Canarias, la Ley, definitivamente realiza una distribución de los ámbitos competenciales de cada una de ellas.
Además la Ley tiene una incidencia determinante sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística, como vehículos formales a través de los cuales se pretende obtener una rigurosa ordenación del sector, de tal manera que, los Planes Insulares de Ordenación (PIO) con las previsiones turísticas que la Ley obliga a incorporar a ellos, se posicionan jerárquicamente sobre cualquier otra figura del planeamiento municipal, que se tiene que adaptar necesariamente a aquéllos.
También se regulan por vez primera los servicios mínimos obligatorios en los municipios turísticos, para los que la Ley sienta las bases de su régimen jurídico peculiar.
Igualmente la Ley incide en el medio ambiente, en cuanto constituye el entorno natural donde el turismo se desarrolla, exigiendo como deber general de toda actividad turística su salvaguarda.
3
La Ley consta de ochenta y cuatro artículos, cuatro disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y dos finales, estructurándose en la forma siguiente: Seis títulos, cada uno de los cuales se divide en capítulos, secciones y subsecciones, cuyo contenido esencial es el siguiente:
a) Sus objetivos (artículo 1) de los que se ha dejado reseña suficiente en el apartado 1 de este Preámbulo.
b) Los sujetos, establecimientos y actividades a los que la Ley se aplica especialmente (artículo 2), de entre los que merece destacar por su novedad las empresas y actividades relacionadas directa e indirectamente con el ocio y esparcimiento (balnearios, piscinas, parques zoológicos y acuáticos, terrazas de verano, etc.).
c) La concepción de Canarias como unidad de destino turístico (artículo 3) de la que se infiere la especial protección de su imagen, como bien colectivo, (artículo 30), tipificándose como infracción muy grave, los atentados y acciones perjudiciales para la misma (artículo 75.7).
d) Las competencias de las distintas Administraciones públicas de Canarias, en materia turística (artículos 5 al 7), así como los principios, bases e instrumentos para sus relaciones interadministrativas (artículos 8 al 10).
e) Las funciones propias del Consejo Regional de Turismo, órgano de asesoramiento y consulta del Gobierno de Canarias (artículo 11).
f) El Estatuto Jurídico del Usuario Turístico y de las Empresas Turísticas (artículos 12 al 20) destacándose la relación de los derechos y deberes; la definición de usuario turístico y la regulación de algunos de sus derechos, como los de información veraz; calidad de los servicios; intimidad, tranquilidad, seguridad y formular quejas y reclamaciones.
g) La ordenación general de la oferta turística, estableciendo los requisitos exigibles para cualquier empresa que pretenda desarrollar una actividad de esa naturaleza (artículos 21 al 25) de entre los que merece especial mención, por su novedad y trascendencia, la obligatoriedad de la inscripción previa en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, que constituye un requisito «sine qua non» para el ejercicio de cualquier actividad con fines turísticos.
h) Las condiciones que se deben cumplir para preservar el medio ambiente (artículos 26, 27 y 29) así como la cultura canaria (artículo 28).
i) La regulación detallada de la actividad turística alojativa (artículos 31 al 46), destacándose de ella:
La clasificación.
La regulación de las zonas a rehabilitar.
La regulación del fenómeno turístico de la sobrecontratación, cuyo incumplimiento está tipificado como infracción grave (artículo 76.12).
El principio de unidad de explotación y la exigencia de constitución de sociedades mercantiles, para el supuesto de propiedad en comunidad del complejo (artículos 38 al 42).
La exigencia de calidad en las instalaciones y servicios y su conservación con especial atención a las instalaciones de más de diez años (artículos 43 y 44).